Nuestra batalla se amparaba en hechos objetivos. El primero, la firme oposición de la población de Marcona, liderada entonces por el padre Julio Saldaña, a la venta de este valioso ecosistema. El segundo, el absoluto convencimiento de la comunidad científica de que en San Fernando debía preservarse un área para la conservación y el adecuado manejo de sus espacios de vida. Hicimos público un documento firmado por un grupo de personalidades ligadas a la protección de la naturaleza llamando la atención sobre la necesidad de una negociación alturada entre las partes en conflicto que encontrara solución al problema mencionado. Ya para entonces, el Gobierno Regional de Ica había promulgado una ordenanza regional dando por creada una Reserva Ecológica en la zona, además de interponer una denuncia contra el consorcio de marras en un juzgado civil de Nazca que exigía la anulación del contrato de compraventa. Nos pareció curioso: Vicente Tello Céspedes, el presidente regional iqueño, se agitaba más de la cuenta ante las cámaras que seguían paso a paso las incidencias del conflicto ambiental cuando antes había pedido la parte que le correspondía a su representada por la venta de las 498.5635 hectáreas adjudicadas a un particular por concurso público. No lo había mencionado, el Consorcio Nazca Ecológica SAC había comprado las casi quinientas hectáreas de riqueza insuperable por menos de veinte mil dólares. Sí, lo leyó bien, diecinueve mil y pico dólares.

No voy a entrar en precisiones sobre la naturaleza y legalidad de la adquisición que produjo el impasse. Mi posición es archiconocida y pública. Considero que la judicialización del diferendo no ha contribuido en nada a dar solución al problema. Por el contrario, empantana las cosas y crea nuevos escenarios para la controversia. No es la vía adecuada. Tampoco constituye una ruta propicia la grita destemplada o los arrebatos legales de autoridades locales y parlamentarios bien intencionados que empujan las cosas hacia las declaraciones rimbombantes. Para el grupo Viajeros y los numerosos amigos que nos acompañan en esta lucha por la categorización del área de San Fernando y sus zonas adyacentes, la problemática en la región debe afrontarse técnicamente y dejando para un mejor momento la discusión política-legal-ética que está pendiente con el Consorcio Nazca Ecológica. Lo urgente es hoy introducirnos en los meandros del sistema para obtener lo que queremos. Y para eso habría que acomodar, primero, las fichas que queremos mover y que en el calor de la discusión de estos últimos meses hemos activado:

Uno: Es necesario entender que las quinientos hectáreas que estamos disputando son parte de un escenario natural mucho mayor que debe ser preservado en su integridad. Para ello nos estamos valiendo del informe científico que la Biol. Helena Sisniegas preparó en el 2004 y que fue remitido en su momento al INRENA.

Dos: Dicho informe habla de sesenta mil hectáreas de un ecosistema dominado mayoritariamente por las lomas costeras, hábitat que sirve hasta la fecha de corredor biológico para algunas especies andinas como el zorro, el puma y el guanaco. El nombre a considerar es el de Lomas de San Fernando o Marcona.

Tres: Como quiera que la superficie del área que estamos definiendo excede los límites del distrito de Marcona, es menester encontrar el estatus apropiado para su manejo y conservación. Nosotros hemos propuesto el de Área de Conservación Regional (ACR Lomas de San Fernando) y para ello nos entrevistamos en febrero último con los funcionarios del GORE Ica y con Rómulo Triveño, su activo presidente. Al Gobierno Regional le interesa la idea pero no tienen ninguna preparación, esa fue mi impresión, en la elaboración de expediente técnico apropiado. La recomendación que alguna vez me alcanzó Gustavo Suárez de Freitas tiene, por tanto, asideros firmes en este contexto: animarnos crear la Zona Reservada Lomas de San Fernando a través de una Resolución Ministerial de Agricultura para posibilitar la continuación de los estudios y procesos que son requeridos para definir el estatus ulterior del área, ya sea como una ANP del SINANPE o como una ACR del GORE Ica. Esta segunda hipótesis también tiene sentido.

Eso es lo que se ha avanzado este último trimestre.¿Qué podría poner trabas a esta visión compartida y en marcha?.

Aceptar, y lo digo sin ambages, que una de las posibles soluciones al entuerto provocado por Pro Inversión, pase por la conversión de los "adjudicatarios legales" –Consorcio Nazca Ecológica SAC- en guardianes autorizados del ecosistema que a la mala pretenden ocupar para fines poco claros (en un principio "ampliación de la frontera agrícola", luego actividades turísticas y ahora motivos conservacionistas), es pecar de ingenuos. En Marcona y en algunos corrillos vinculados a la industria del turismo en Ica se habla a voces de los intentos del consorcio de consolidarse en la zona a través de la conversión de su lote en un Área de Conservación Privada. Para ello cuentan con el apoyo de algunos despistados y la buena voluntad de otros. Vale decir, de la noche a la mañana y por arte de Birlibirloque, los que compraron a este mismo Estado miope (y a precio de ganga) que tiene como modus operandi la venta de los activos de todos como si fueran suyos, se han convertido en defensores de San Fernando. No lo creo y tengo razones suficientes para dudar de esa repentina mutación.

Para nosotros es claro que la mirada sobre el área en litigio debe ser integral. Ecosistémica dirían los entendidos. No se puede desmembrar un espacio de vida tan rico como el de las Lomas de San Fernando en aras de las apetencias particulares.

Tampoco pergeñar soluciones alocadas, y de claro tinte político, para un tema que es profundamente técnico y que tiene caminos establecidos y clarísimos. Lo digo porque no hace mucho ingresó a mesa de partes del Congreso de la República un proyecto de ley, cuya autoría pertenece a un grupo de legisladores de UPP, que propone la creación de la Zona Reservada de San Fernando. ¿Desconocen los congresistas de la patria que la potestad de creación de Áreas Naturales Protegidas es competencia de Inrena-Ministerio de Agricultura, vale decir del Ejecutivo?, ¿están enterados los legisladores que ya se han presentado iniciativas similares –la del controvertido congresista Ramírez Canchari y la de Xavier Barrón- en otras legislaturas y que ambas fueron desechadas por inconsistentes?. De esa debilidad institucional sería bueno hablar en otro momento. Por ahora solamente nos queda confiar en que las posiciones en pro de San Fernando se decanten y se camine a paso firme hacia la consolidación de una propuesta compartida que salve de la destrucción tamaño relicto de vida natural.