Si bien algunos sectores venían tratando desde hace meses de llamar la atención sobre las importantes oportunidades planteadas para la selva por modelos que se vienen discutiendo globalmente, como es el caso de la deforestación evitada o proyectos REDD, recién la coyuntura actual está abriendo las puertas al debate.

Términos como “bonos de carbono”, “deforestación evitada”, “mercados voluntarios” y “offsets de carbono” están empezando a salir de los círculos de especialistas e incorporándose en el discurso de los políticos y los medios de comunicación. Pero para entender mejor de qué se trata, de dónde viene, y a dónde va todo este súbito interés por hacer negocio cuidando el bosque, tenemos que retroceder un poco en el tiempo.

Carbono en Kyoto

Un bono de carbono es un certificado de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que, a partir de las obligaciones que el Protocolo de Kyoto impuso sobre los países industrializados, ha adquirido un gran valor en el mercado internacional. El informe de mayo pasado del Banco Mundial, “Situación y Tendencias del Mercado de Carbono 2009”, nos da una mejor idea de las dimensiones de este mercado, que movió 126 mil millones de dólares en el 2008, duplicando los 63 mil millones que alcanzó en el 2007.

En la Cumbre de la Tierra que se realizó en Río de Janeiro en 1992, cuando ya los científicos se preocupaban por el terrible impacto del crecimiento industrial sobre el medio ambiente y vaticinaban escenarios apocalípticos si no se tomaba medidas globales, se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): un tratado internacional que si bien no incluía ninguna obligación en términos de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, sí preveía la incorporación de protocolos que impusieran metas forzosas a los países.

Aquí encaja el famoso Protocolo de Kyoto, creado en 1997 pero que entró en vigor recién en el 2005, después de alcanzar el requisito de ser ratificado por gobiernos de los países industrializados responsables de al menos 55% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. Este acuerdo sí impone metas obligatorias de reducción de emisiones, diferenciadas para cada país industrializado en función de variables económicas y ambientales. Los países en desarrollo no tienen obligaciones, sino que pueden convertirse en beneficiarios.

Para cumplir con sus metas de reducción de emisiones, un país desarrollado tiene tres opciones, que pueden ser complementarias: reducir las emisiones de su economía, comprar “bonos de carbono” o “créditos a favor” por reducción de emisiones en los países en desarrollo, o comprar los “permisos de contaminación” que otro país industrializado ya no necesita porque ha sobrepasado su meta de reducción de emisiones.

En lo que se refiere a bosques, el Protocolo de Kyoto aprueba la emisión de bonos de carbono por la reforestación (recuperación de bosques perdidos antes de 1989) y por la forestación (creación de bosques nuevos donde históricamente no existían). Sin embargo, poco después del establecimiento de las normas de este protocolo, se cayó en la cuenta de que hacía falta un mecanismo complementario que protegiera a los bosques ya existentes de la deforestación que los acecha.

Deforestación evitada

En los últimos años, múltiples estudios científicos han demostrado que  los gases de efecto invernadero liberados al medio ambiente al talar bosques pueden ser incluso más dañinos para el clima que el uso de combustibles fósiles. Según el Reporte Stern: la Economía del Cambio Climático –un referente de rigor en estos temas- las emisiones por deforestación representan más del 18% de las emisiones de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, es decir, más que todos los gases producidos por el sector transportes en todo el mundo.

El Global Canopy Programme,  una alianza de 37  instituciones científicas en 19 países,  sostiene que los bosques tropicales, que aún cubren aproximadamente  el 15% de la superficie del planeta, están siendo deforestados a razón de 13 millones de hectáreas al año. “Esta pérdida representa un quinto del total de las emisiones de  carbono, haciendo que la pérdida de cobertura boscosa se considere el segundo factor más importante al calentamiento global”,  precisa el Global Canopy Programme  en su publicación EL PEQUEÑO LIBRO DE REDD. En el caso de  América del Sur, explican, la principal causa de deforestación es ganar tierras para monocultivos como la soya o la crianza de ganado para la exportación.

Es en este contexto que se  plantea la necesidad de un mecanismo para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), que ofrezca incentivos económicos para hacer rentable la conservación de los bosques frente a los  proyectos de cambio de uso de la tierra que generan deforestación. La idea es que los habitantes de  los bosques sean también  receptores de estos incentivos.

Algo que puede jugar a favor  o en contra de la institucionalización del mecanismo REDD es  que la ciencia necesaria para  calcular cuánto carbono capturan y  almacenan los diferentes tipos de  bosques, diseñar las líneas base a partir de las cuales calcular los cambios y monitorear la  existencia de bosques remotos está evolucionando casi en paralelo con el diseño de las políticas.

Mercado voluntario

Mientras se decide cómo, cuándo y bajo qué condiciones se aprueban las bases para incorporar un mecanismo REDD en el nuevo Protocolo Post-Kyoto (que  entrará en vigencia el 2013), el mercado voluntario –aquel que se encuentra fuera de cualquier marco regulatorio- es una interesante opción que ya está beneficiando a comunidades indígenas de Brasil.

El mercado voluntario de bonos de carbono, que en el 2008 movió 400 millones de dólares está compuesto por empresas que quieren mejorar sus estándares en términos de responsabilidad social, ya sea porque  realmente creen en ello o porque es  una buena estrategia de marketing frente a consumidores que cada vez  exigen responsabilidad de las industrias.

El Proyecto REDD de la  Reserva Juma, del estado de Amazonas, en Brasil, ha sido el primero en conseguir la calificación Gold de parte del Clomate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA), una agrupación de empresas privadas, ONG e instituciones científicas, que busca promover soluciones integrales al manejo de la tierra y  ha desarrollado estándares para  proyectos REDD en el mercado voluntario. Desarrollado por la Fundación Amazonas Sustable en alianza con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Amazonas y la  cadena de hoteles Marriott  Internacional, busca no solo detener la  deforestación del área, sino beneficiar directamente a los habitantes y defensores del bosque.

A través de la Bolsa Floresta, el proyecto usa parte del dinero recibido por los bonos de carbono para realizar transferencias  directas de efectivo a las familias que viven en la zona (que deben antes registrarse, recibir capacitaciones y respetar el uso sostenible de los recursos), y transferencias a las comunidades (compuestas en  promedio por unas 12 familias)  para ser invertidas en proyectos decididos a través de presupuestos participativos y que respeten al medio ambiente.

La Reserva de Juma tiene casi 600 mil hectáreas de bosque expuestos a dos carreteras importantes. El proyecto, que correrá hasta el año 2050, plantea evitar la deforestación  de 366 mil  hectáreas y con ello prevenir la emisión de 210 mil toneladas de dióxido de carbono. Si bien los precios por tonelada de carbono varían de proyecto a proyecto dependiendo de aspectos ambientales, sociales y nivel de riesgo, según el informe de los analistas Ecosystem Marketplace y New  Carbon Finance, el año pasado los  precios variaron entre 5 y 28 dólares por tonelada de CO2 de proyectos REDD. Los proyectos de reforestación, por otro lado, cobraron hasta 45 dólares por tonelada de dióxido de carbono. Una vez que  el proyecto es certificado –como en Juma- los precios suben.

Según la web de CCBA,  en este momento hay un proyecto peruano de REDD que está  esperando ser evaluado. Pertenece a  dos empresas concesionarias  de madera certificada –Maderera Río Acre S.A.C. y Maderera  Río Yaverija S.A.C.–  que ofrecen un manejo sostenible del  bosque mientras extraen madera. El proyecto se ubica en el distrito de Iñapari, Madre de Dios, a menos de 50 kilómetros de la proyectada Carretera Interoceánica.

De Bali a Copenhague

En la Cumbre de Bali, en el 2007, el Banco Mundial lanzó el Fondo para reducir las Emisiones de Carbono mediante la protección de  los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), que es un proyecto piloto para ayudar a los países en  la implementación de medidas  para mitigar la deforestación. El  Perú es uno de los 37 países seleccionados para participar en este piloto y ya presentó la documentación  inicial. En la coyuntura actual cabe resaltar que la crítica principal de los revisores de esta  documentación presentada por  el gobierno peruano se centra en la falta de participación de  campesinos, indígenas y cualquier otro sector de la sociedad que no sea  parte del sector público.

La Cumbre de Bali parecía condenada al fracaso cuando,  según reportó el New York Times,  “el joven representante de una de  las naciones menos influyentes en el mundo, Papúa Nueva Guinea, ganó la atención mundial al enfrentar al único súper poder, los Estados Unidos”. Después  de dos semanas de intensas  discusiones y negociaciones donde se  analizaron las diferentes propuestas para diseñar un nuevo mecanismo para detener el cambio climático a partir del pago por  conservar los bosques existentes, la última reunión plenaria había llegado a un punto muerto en el que Estados Unidos se negaba a aceptar unos términos introducidos  por los países en desarrollo liderados por China e India. El público en general, incluyendo  representantes de los países , la prensa y la sociedad civil, abucheaban a  los estadounidenses y daban ya todo por perdido, cuando le tocó el turno al presentante de Papúa  Nueva Guinea, Kevin Conrad:  “Yo pediría a los Estados Unidos que asuman el liderazgo. Pero si por alguna razón no están  dispuestos a liderar, déjenlo en nuestras manos. Por favor, salgan de  nuestro camino”. La sala reventó en aplausos y el escándalo fue tal  que la delegación de Estados Unidos optó por retirar sus objeciones  y “plegarse al consenso”.

Conrad, quien además dirige la Rainforest Coallition –un grupo de países con bosque  tropicales, del que Perú forma parte,  que promueve que quienes conservan sus bosques sean compensados económicamente- declaró  luego al New York Times que en  realidad Estados Unidos no era  el único responsable de haber llegado a un punto muerto en las  conversaciones. Según Conrad,  al no haberse logrado un acuerdo real entre los países en desarrollo –el Grupo de los 77 más China los poderosos del grupo optaron por incluir en la propuesta  términos que sabían serían objetados por los Estados Unidos,  y así ellos serían los malos de la  película. El “cuadre” de último minuto de Conrad y la reacción de los presentes hicieron reaccionar a los estadounidenses y saborearon a los saboteadores.

Con estos antecedentes, sería ingenuo pensar que Copenhague –la cumbre que se realizará  en diciembre de este año y donde  se decidirá el futuro de  REDD en el marco del Protocolo que reemplazará  al de Kyoto- será sencilla de manejar. El negocio de los bonos de carbono mueve miles de millones de dólares y muestra una tendencia a duplicarse durante los últimos años. La batalla no es fácil. Pero no nos la podemos perder. Tendríamos mucho que perder. (Somos)