Con mucha frecuencia Brasil es citado como ejemplo de país que ha adoptado una matriz energética más limpia, por su parque de centrales hidroeléctricas —una fuente renovable de energía— que garantiza 80% de la electricidad consumida por los brasileños. Además, existe la tecnología desarrollada para la producción de etanol, el alcohol de caña de azúcar que es usado por gran parte de la flota de automóviles en el país. Entretanto, como país en desarrollo, con una población de cerca de 190 millones de habitantes, en gran parte todavía en la línea de pobreza, Brasil está dividido sobre el modelo de desarrollo que debe adoptar a corto y mediano plazo, y esa divergencia de conceptos se refleja en la posición que adoptará en Copenhague.

Existe una gran controversia, por ejemplo, en cuanto a la explotación de la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta y cuya deforestación es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de Brasil. La posición que Brasil asuma en relación con la Amazonía es fundamental en términos globales, porque la reducción de la deforestación será uno de los temas prioritarios en Copenhague.

Cerca de 18% de la Amazonía ya ha sido deforestada —el equivalente a cerca de 700 mil km2—, y el territorio sigue siendo devastado para la expansión de la ganadería y también de la soya. Solamente en el período 2000-2005 la deforestación en la Amazonía (considerando el bosque en Brasil y en otros ocho países donde está presente) fue equivalente a 94% del territorio de Venezuela, según informe divulgado este año por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Organizaciones como Greenpeace defienden la deforestación cero, pero esa no es la posición del gobierno brasileño. El gobierno presentará en Copenhague la meta de 80% de reducción de la deforestación en el gran bosque hasta el 2020, y para ello entiende que es necesario un financiamiento internacional, con miras también a la reducción de la deforestación en biomas como Caatinga y Cerrado y en otras actividades económicas.

En setiembre del 2009, el ministro del Medio Ambiente, Carlos Minc, lanzó un plan para contener la deforestación en el Cerrado que, según él, genera la misma cantidad de gases de invernadero lanzados por la deforestación de la Amazonía. "Es importantísimo que el monitoreo de la deforestación se extienda a otros biomas", dice Minc.

¿Amazonía intocable?

Como telón de fondo está una disputa, en el seno del propio gobierno, sobre la forma de explotación de la Amazonía que el presidente Lula afirmó alguna vez que no debería ser "intocable", por lo cual fue muy criticado por los ambientalistas, a pesar de que el gobierno ha adoptado medidas que han dado como resultado la reducción de la deforestación en la región. Entre otras acciones, el gobierno envió en setiembre al Congreso un proyecto que estipula la Zonificación Agroecológica de la Caña, prohibiendo la siembra de caña de azúcar en la Amazonía y el Pantanal.

Existe una fuerte presión, por ejemplo, de los sectores de la agroempresa para la reducción de la Reserva Legal en la Amazonía a 50%, lo cual permitiría a una empresa rural explotar la mitad de su propiedad y debería preservar la otra mitad. Esa posición tiene defensores dentro del Ministerio de Agricultura, pero el ministro Minc defiende el mantenimiento de la Reserva Legal en la Amazonía en 80%. Minc es sucesor de la senadora Marina Silva, que dejó en el 2008 el Ministerio del Medio Ambiente, después de más de cinco años, justamente por no estar de acuerdo con posiciones dentro del gobierno sobre cómo debe ser la ocupación de la Amazonía.

A inicios de octubre, un conjunto de organizaciones ambientalistas y de otros sectores de la sociedad civil, reunido en Belém, capital del estado de Pará, hizo una dura crítica a la política gubernamental para la Amazonía, particularmente en términos de la construcción en la región de "grandes proyectos de infraestructura, que agravan la degradación del medio ambiente y profundizan el modelo de desarrollo responsable de los cambios climáticos".

Es el caso del proyecto de grandes centrales hidroeléctricas para la región, como la de Belo Monte, en el río Xingu. "La construcción de Belo Monte abarcará 13 municipios y 18 aldeas indígenas y representa una amenaza al modo de vida de los pueblos originarios, de las poblaciones tradicionales de la Amazonía y de los habitantes de las zonas rurales y urbanas", afirmó un comunicado firmado por organizaciones como Amigos de la Tierra Brasil, Consejo Nacional de Poblaciones Extractivistas y Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.

En otro comunicado, las organizaciones de la sociedad civil hicieron una apelación a que el gobierno brasileño no apoye en Copenhague, el mecanismo denominado Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD). Por ese mecanismo, países que tienen grandes emisiones de gases de invernadero podrían compensarlas con la inversión en proyectos de reducción de deforestación y degradación.

"Rechazamos los mecanismos de mercado como instrumentos para reducir las emisiones de carbono, basados en la firme creencia de que el mercado no es un espacio capaz de asumir la responsabilidad por la vida en el planeta", observó el documento, añadiendo que "La Conferencia de las Partes (COP) y sus desdoblamientos [resultados] mostraron que los gobiernos no están dispuestos a asumir compromisos públicos consistentes, que transfieren la responsabilidad práctica del cumplimiento de metas, notoriamente insuficientes, hacia la iniciativa privada. Con esto, mientras que las inversiones públicas y el control sobre el cumplimiento de las metas se diluyen, se legitima la expansión de mercado mundial de CO2 [dióxido de carbono], que aparece como una nueva forma de inversión del capital financiero y de supervivencia de un modelo de producción y de consumo fracasado". Firman el comunicado la Central Única de Trabajadores (CUT), Marcha Mundial de las Mujeres y el Movimiento de Afectados por Represas, entre otros.

Usurpación de tierras

Naturalmente, los ambientalistas brasileños fueron muy críticos de la Medida Provisoria 458/09, conocida como la "legalización del grilagem", o usurpación de tierras, aprobada en junio. Gracias a esta MP, sancionada por el presidente Lula, se legalizaron más de 60 millones de hectáreas de la Amazonía que habían sido ocupadas irregularmente. Eso significa, por ejemplo, que la deforestación ocurrida en esas áreas (y que ha contribuido a la destrucción de la Amazonía como la principal fuente de emisión de gases de invernadero en el país) fue "perdonada".

Para los ambientalistas, esta medida no dejó de ser un gran retroceso, justamente en el momento previo a la Conferencia de Copenhague, que a fines de año tentará metas más ambiciosas para el conjunto de países en términos de reducción de gases que provocan el calentamiento global.

La falta de osadía en la elaboración del Plan Nacional de Cambio Climático y la demora en la producción del inventario nacional de emisiones, a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, son otros puntos criticados por los ambientalistas. Asimismo, los ambientalistas brasileños repudian un eventual apoyo del gobierno de Lula a la adopción de la energía nuclear como alternativa para combatir el calentamiento global. La posición es defendida por algunos sectores del gobierno, por ejemplo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

"Esa posición es inaceptable, porque la energía nuclear es cara, peligrosa y no contribuye a reducir las emisiones", sostiene Sérgio Dialetachi, histórico militante antinuclear en Brasil y consultor energético de la Fundación Heinrich Böll. "Nuestra primera inversión debería ser en eficiencia energética. Brasil tiene mucho que avanzar en este campo", dijo Dialetachi.

Mientras el gobierno federal sufre críticas o como mínimo reticencias en relación con la posición que defenderá en Copenhague, otros sectores plantean sus iniciativas. Es el caso de São Paulo, el primer estado brasileño en aprobar, a mediados de octubre, una Política Estadual de Combate al Cambio Climático. Tal política prevé que São Paulo debe reducir en 20% sus emisiones hasta el 2020, en relación con el 2005.

"La temperatura en Brasil ya subió 1º en los últimos 50 años", observa el ambientalista Fábio Feldmann, ex diputado federal y ex secretario de Medio Ambiente de São Paulo. Esa elevación de la temperatura en el país muestra que Brasil debe de hecho incrementar las acciones para la reducción de sus emisiones, pues ya sufre por el calentamiento global, observa Feldmann, citando los graves fenómenos climáticos ocurridos en marzo y setiembre del 2009 en el suroriental estado de Santa Catarina, donde se produjeron tornados, algo desconocido en Brasil hasta hace algunos años, con el saldo de varias muertes y miles de viviendas inhabitables.

Feldmann es secretario ejecutivo del Foro Paulista del Cambio Climático Global y la Biodiversidad. Critica el hecho de que, mientras que Brasil tiene un gran potencial de energía renovable, el gobierno de Lula ha invertido e insistido en el programa de explotación del yacimiento de Pré-Sal, que prevé la explotación de petróleo —el combustible fósil que es uno de los principales responsables del calentamiento global— en los enormes depósitos de petróleo encontrados a gran profundidad en la plataforma marítima brasileña.

"Brasil debate el Pré-Sal mientras que el mundo discute renunciar a los combustibles fósiles", observa Feldmann.