Un proyecto de ley elaborado por funcionarios del MEM, que sería  discutido muy pronto en el Congreso de la República, propone recortar en 200,000 hectáreas el Parque Nacional Bahuaja Sonene (Puno y Madre de Dios; frontera con Bolivia), para facilitar la explotación de hidrocarburos. De proceder esta propuesta, la cuenca del río Candamo, el núcleo silvestre e intangible del Parque Nacional, quedaría excluída de toda protección. En otras palabras, el recorte  afectaría la parte más significativa del parque y su principal objetivo de conservación.

La propuesta sostiene que el recorte responde al interés nacional y es
favorable a la mitigación de la pobreza en el Sur peruano. Sin embargo, con esta propuesta, el Ejecutivo podría estar arriesgando las frágiles negociaciones en que se sostiene la posible aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Como es bien sabido, el Partido Demócrata aceptó levantar su oposición al TLC bajo la condición de fortalecer los compromisos laborales y ambientales del  Tratado. Estos incluyen disposiciones para eliminar el trabajo forzado y esclavo, así como la explotación infantil (Capítulo 17). Además, comprometen a las partes a no debilitar sus legislaciones de protección ambiental, a combatir la tala ilegal y a promover el rescate de especies biológicas en peligro (Capítulo 18). El Artículo 18.3, numeral 2, a la letra dice (mi traducción): "Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o las inversiones por medio de la renuncia a o la reducción de protecciones provistas en sus
respectivas legislaciones ambientales. En consecuencia, una Parte no
levantará ni derogará, ni ofrecerá levantar ni derogar tales leyes en
una forma que debilite o reduzca las protecciones provistas en esas
leyes de modo que afecte el comercio y las inversiones entre las
Partes." La propuesta de recorte es un flagrante debilitamiento de la legislación ambiental peruana con el fin de promover inversiones.

En septiembre de 2002, la revista National Geographic publicó un reporte sobre el estado de salud del planeta y eligió siete santuarios naturales emblemáticos. Bahuaja Sonene es uno de ellos. El parque protege no menos de 14 especies animales amenazadas. El recorte masivo de este parque internacionalmente reconocido contraría directamente las obligaciones ambientales del Perú en el TLC y desprestigiará al país en el concierto de las naciones.

Bahuaja Sonene es un parque asediado. La zona intangible del parque 
se encuentra bajo inminente amenaza de invasión por la floreciente minería aurífera informal y por la tala ilegal; ambas actividades denunciadas internacionalmente por emplear trabajo forzado (en particular indígena) y como enclaves de prostitución infantil. En esta región olvidada por el Estado y sólo patrullada esporádicamente por esforzados guardaparques, levantar el estatus de protección en la cuenca del Candamo provocará su inmediata invasión por mineros y madereros ilegales. Se estará así favoreciendo la expansión, de facto, de dos actividades específicamente denunciadas por los congresistas demócratas en su oposición al TLC, en abierta violación de los compromisos laborales y ambientales acordados entre EEUU y el Perú.

En  este escenario, es muy improbable que alguna compañía petrolera decida invertir en el área, asumiendo el desorden social y arriesgándose a un boicott internacional; lo cual derrota la intención expresa del
recorte propuesto. Sin embargo, el daño ya estará hecho. El recorte del Parque Nacional Bahuaja Sonene herirá de muerte al ya débil Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Una vez recortada un área protegida de primer nivel, ningún elemento de nuestro patrimonio natural quedará a salvo. 

Existen buenos motivos para sospechar que ése es el camino delineado
por la actual administración nacional. La propuesta de ley menciona el
potencial hidrocarburífero en el Parque Nacional del Manu.
Recientemente se declaró el Parque Nacional Cordillera del Cóndor 
recortando más de 60,000 hectáreas de la propuesta técnica, justamente la zona de mayor valor cultural y de conservación, contra la voluntad
expresa de catorce comunidades nativas. Esto último también atenta 
contra disposiciones favorables a la consulta ciudadana recogidas en
el TLC. ¿Qué opinarán los congresos del Perú y de EEUU sobre esta malaconsejada iniciativa del Ejecutivo?.